Ha arrancado en Estados Unidos el juicio contra Huawei, en el que el Departamento de Justicia acusa al gigante chino de telecomunicaciones de robar secretos comerciales de empresas estadounidenses. Es la culminación de un proceso que ha tardado ocho años en llegar a los tribunales y que, según las previsiones, se extenderá durante unos tres meses.
Huawei, que a diferencia de otras multinacionales chinas es propiedad íntegra de sus empleados, ha negado todas las acusaciones de espionaje industrial, de apropiación de propiedad intelectual y de cualquier otra conducta irregular. La defensa sostiene que la compañía se limitó a innovar y a competir como cualquier otro fabricante.
Las acusaciones: cinco empresas y dos décadas
El eje del caso es la presunta campaña de espionaje industrial que Huawei habría mantenido a lo largo de un período de unos veinte años. Según la fiscalía, el fabricante robó secretos comerciales y se apropió de propiedad intelectual de cinco empresas estadounidenses: T-Mobile US, Cisco Systems, Motorola, CNEX Labs y Akhan Semiconductor.
En su declaración inicial, el abogado del Departamento de Justicia, Taylor Stout, afirmó que, durante veinte años, Huawei “victimizó a empresas estadounidenses y abusó del sistema financiero estadounidense” en un intento de dominar la industria de las telecomunicaciones a nivel mundial.
Un elemento particular del proceso es la figura de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou. Aunque los cargos contra ella fueron retirados, sus declaraciones previas se usarán como prueba contra la compañía, según adelantó TechRadar.
La defensa: innovación, no robo
La respuesta de Huawei se centra en negar cualquier conducta delictiva. El abogado defensor Brian Heberling lo resumió en la apertura: “Huawei se ganó su éxito. Es competencia, no conspiración. Innovación, no robo. Negocios ordinarios, no conducta delictiva”.
El caso también recupera antecedentes previos de la compañía, como sus vínculos con Skycom, una firma que presuntamente intentó vender equipos sometidos a embargo —en concreto, ordenadores Hewlett-Packard— a una empresa iraní. La estructura accionarial de Huawei, en manos de sus empleados y no del Estado chino, es un matiz que la separa de otras multinacionales del país y que la defensa puede usar para desvincular el caso de una supuesta trama gubernamental.
Por qué importa
Conviene recordar que todo lo anterior son acusaciones que deben probarse en el juicio, no hechos acreditados. Huawei es uno de los mayores fabricantes de móviles y de equipos de telecomunicaciones del mundo, y una sentencia en su contra tendría implicaciones que van más allá del plano jurídico: desde posibles sanciones económicas hasta nuevas restricciones a la venta de sus dispositivos y de su infraestructura de red en mercados occidentales.
Para el lector hispanohablante, la lectura práctica es doble. Por un lado, el desenlace puede condicionar el catálogo y los precios de una marca con gran presencia en España y América Latina. Por otro, refuerza la tensión ya existente entre las grandes tecnológicas chinas y las administraciones estadounidenses, un clima que en los últimos años ha ido limitando el acceso de Huawei a componentes y software de origen estadounidense. El veredicto, sea cual sea, tardará meses en conocerse.
