El Ejército de Estados Unidos ha adjudicado 4.150 millones de dólares en contratos antidrón a diez compañías. Los premios se encuadran en Domestic Shield, la iniciativa del Departamento de Defensa para reforzar la protección de bases militares e infraestructura crítica frente a drones baratos, y no atan la compra a un proveedor único: el marco admite pedidos hasta un techo de 7.000 millones.
Diez proveedores y un techo de 7.000 millones
Siete empresas reciben contratos con un valor base de 500 millones de dólares cada una: Allen Control Systems, Digital Force Technologies, DroneShield, L3Harris WESCAM, Napatree Technology, RADA Technologies y SRC. Echodyne y PVP Advanced EO Systems se quedan en 250 millones por cabeza, y Smart Shooter cierra la lista con 150 millones. La suma de las adjudicaciones base da los 4.150 millones, pero el acuerdo completo soporta hasta 7.000 millones.
La estructura es la de un mercado de proveedores múltiples, no la de un pedido cerrado. Eso permite que las ramas militares, las agencias federales y los socios aliados compren sistemas antidrón disponibles en el mercado comercial a través de un mismo vehículo de contratación, en lugar de recurrir a compras separadas. Mantener a varios fabricantes en liza es también la forma de conservar competencia y de no depender de tecnologías controladas por un solo proveedor.
El programa se administra junto a la Joint Interagency Task Force 401, la unidad del Pentágono que coordina la respuesta contra amenazas aéreas no tripuladas. La adjudicación no cierra la lista: los responsables esperan más contratos por debajo del umbral establecido antes de que termine octubre de 2026, lo que deja a otros proveedores con opción de entrar mientras avanza la compra.
Qué se compra y por qué manda la arquitectura abierta
Las tecnologías contratadas cubren buena parte de la cadena de defensa: estaciones de armas robóticas, miras ópticas de fusil, radares compactos, cámaras de seguimiento de largo alcance y software de mando y control. Cada familia resuelve una tarea distinta —detectar la amenaza, seguir su trayectoria, apoyar la respuesta—, así que la coordinación entre equipos de fabricantes diferentes se vuelve un requisito, no un extra.
Para sostener esa coordinación, el Ejército exige que los sistemas cumplan estándares de arquitectura abierta y puedan conectarse con las redes de defensa ya existentes. «Este mercado de proveedores múltiples impone estrictos estándares de arquitectura abierta, rompe el bloqueo de los fabricantes propietarios y asegura que las nuevas tecnologías pueden integrarse de inmediato en nuestras redes de defensa», resume Brent Ingraham, secretario adjunto del Ejército para Adquisición, Logística y Tecnología.
De la amenaza iraní al coste de cada intercepción
La urgencia de estos sistemas se hizo más visible durante la guerra entre Estados Unidos e Irán de 2026, cuando ataques con drones iraníes dañaron instalaciones y material estadounidenses en Oriente Medio. El 3 de marzo de 2026 dos aeronaves no tripuladas golpearon la embajada estadounidense en Riad (Arabia Saudí), con daños materiales estimados en unos 11,5 millones de dólares. Otros ataques alcanzaron un depósito de combustible y dañaron un activo del Ejército en Kuwait, mientras continuaban las acciones contra centrales eléctricas y plantas desalinizadoras después del alto el fuego. En Arabia Saudí los drones iraníes golpearon una estación de la CIA en Riad y, en el plazo de una semana, dejaron 29 militares estadounidenses heridos.
El Congressional Research Service calculó que 81 aeronaves y drones estadounidenses resultaron destruidos o dañados durante el conflicto, con pérdidas potenciales de hasta 3.300 millones de dólares. Muchos de esos ataques se ejecutaron con enjambres de drones baratos, y ahí está el nudo del problema: interceptar una aeronave de bajo coste con munición cara sale a cuenta por unidad derribada, pero descuadra la cuenta por intercepción. El piloto de energía dirigida del Pentágono, con láseres y microondas sobre bases estadounidenses, apunta al mismo objetivo desde otro ángulo.
Qué cambia con este marco
Domestic Shield no compra sistemas de golpe: habilita el vehículo para comprarlos cuando la necesidad aprieta. Eso desplaza la pregunta del diseño a la producción y al coste de operar, y explica por qué el mismo mercado que reparte estos 4.150 millones alimenta también el negocio privado de la detección, donde la ronda de Echodyne y la compra de Fortem mostraron que el radar es hoy el tramo más maduro.
La duda, como en todo contrato marco, no es cuántos millones se firman sino cuántos se ordenan. Un techo de 7.000 millones solo se convierte en capacidad real cuando las bases empiezan a pedir unidades y los sistemas demuestran que aguantan en servicio sin disparar el coste de cada derribo.
